Almudena Grandes denuncia que a los sindicalistas de Airbus se les pide el doble de la pena de cárcel que le habrá costado a Rodrigo Rato saquear Bankia. CCOO y UGT han organizado para estar tarde un acto público en defensa del derecho de huelga, en el que participarán profesores, investigadores, juristas, representantes de la cultura y sindicalistas, cuya presentación correrá a cargo de la escritora y periodista, Almudena Grandes. Un acto que se celebra unas semanas antes de que comience el juicio a los 8 sindicalistas y trabajadores de Airbus, para los que el fiscal pide 66 años de cárcel, o lo que es lo mismo, 8 años y tres meses para cada uno, por participar en la convocatoria de la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
Con este acto, se quiere denunciar que “algunos poderes públicos con el ministerio fiscal y el gobierno conservador al frente, han decidido que ciertos derechos constitucionales no puedan ser ejercidos con libertad y deben ser tutelados por normas y códigos de la dictadura” asegurando que este “es el caso del derecho de huelga, pilar básico de las relaciones laborales modernas, que en los últimos años algunos poderes públicos han convertido en objetivo de persecución, criminalización e intervención administrativa”.
Este acto forma parte de la campaña desarrollada por ambas organizaciones en los últimos meses con el hashtag #HuelgaNoEsDelito, que usan para denunciar la persecución sindical que queda reflejada en los procesos abiertos a centenares de sindicalistas afectados por procedimientos administrativos y penales tras participar en la convocatoria, extensión y organización de huelgas generales.
El acto de esta tarde se iniciará con la intervención de los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, a las que seguirá la proyección de un vídeo que resume el acoso judicial al sindicalismo y al derecho de huelga.
Posteriormente tomará la palabra Almudena Grandes, que se dirigirá a las personas asistentes con una reflexión sobre el momento actual y presentará a dos de los sindicalistas encausados y/o condenados: el sindicalista José Alcázar, que intervendrá en nombre de los 8 de Airbus y Rubén Ranz, miembro del equipo de trabajo de comercio de SMC-UGT.
Posteriormente tomarán la palabra la catedrática de Derecho del Trabajo, Yolanda Valdeolivas (leerá un manifiesto de profesores contra la criminalización del derecho de huelga), el director de la oficina de la OIT en España, Joaquín Nieto, y el dirigente de la Confederación Sindical Internacional Jeffrey Vogt.
Tras este primer bloque de intervenciones, subirá a la tribuna el poeta y profesor de literatura, Luis García Montero, que presentará el manifiesto de representantes de la cultura en apoyo del movimiento sindical.
En la parte final del acto, tomarán la palabra el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, Rudy de Leeuw, el secretario general de UGT, Cándido Méndez y el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Almudena Grandes clausurará el acto.
Les piden más penas que a Rato
La escritora Almudena Grandes se quejaba ayer en un artículo publicado en el diario El País que los medios apenas han prestado atención al caso de los ocho trabajadores de la fábrica de Airbus en Getafe a los que se va a juzgar por participar en un piquete en la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral de Zapatero, denunciando que “por ejercer su derecho a la huelga —recogido en la Constitución Española, en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU—, cada trabajador de Airbus afronta una pena de ocho años y tres meses”.
Almudena Grandes critica que “en aplicación del artículo 315.3 del nuevo Código Penal, el mismo que nos ha devuelto a la barbarie de la cadena perpetua, la Fiscalía ni siquiera se molesta en individualizar las responsabilidades de los acusados” haciendo notar que “piden para todos ellos, en bloque, el doble de la pena de cárcel que le habrá costado a Rodrigo Rato saquear Bankia, una entidad que se rescató con más de 22.400 millones de euros de dinero público”.
